fragmentario

(Publicada originalmente en El Hormiguero)

En mi primer día de clases como estudiante secundario una profesora de Historia nos enseñó que nuestro país es una república democrática donde el pueblo delibera a través de sus representantes, cuyas decisiones son legítimas porque expresan la voluntad popular. A once años de esa lección, me dirijo a ustedes como profesor -y sobre todo, como ciudadano- creyendo que esa enseñanza fue correcta.

Una ley crucial para nuestra educación viene siendo debatida en sus honorables cámaras, en numerosas ocasiones, desde hace muchos meses. Se la ha llamado genéricamente Ley de Titularización Docente.

Su artículo cuarto, sin embargo, desmiente esta adjetivación, al incluir en esa categoría al personal no titulado. Por esa razón los profesores la rebautizamos Ley de Titularización Masiva, y nos hemos opuesto. ¿Qué implica hacerlo? Que creemos que, como todo procedimiento de masas, está dirigida a eliminar una entidad colectiva fundamental: la de los educadores.

No se engañen: una ley no puede crear docentes, de la misma forma que no se pueden crear ingenieros, médicos o arquitectos con sólo invocarlos. En cambio, sí puede negarlos: si cualquier persona puede ser considerada docente, tendremos que asumir que no existe el rol de educador en sí mismo. Por extensión, tampoco la educación formal puede existir si no legitima a sus actores naturales.

Este perverso vaciamiento de sentido ha sido justificado con un argumento angélico (como en los consejos tribales, donde el origen mágico es fuente de autoridad): la docencia es una vocación. Traducción: enseñar es un acto sentimental, no una profesión de verdad. Dejando de lado que esta concepción nos posiciona siglos antes de la ilustración, los Estados modernos y la educación sistemática, hay que darles razón en algo. La vocación de educar sí existe. Existe en los hombres y mujeres que eligieron y eligen la carrera docente, cómo único espacio de trabajo y cómo único camino para considerarse capaces de impartir conocimiento.

No se puede poner en pie de igualdad a quienes han recibido años de formación pedagógica, prácticas áulicas, didácticas específicas y contenidos disciplinares con aquellos que no detentan ninguna formación para la tarea específica de educar. Jamás puede ser igual ejercer una segunda profesión a ejercer la profesión primaria, la que se eligió para siempre. Nunca podrían borrarse de un plumazo miles de horas de asistencia a clases y de estudio para llegar a acreditar una carrera de educadores.

Todavía hay cientos de alumnos en nuestros Institutos de Formación Docente esperando recibirse. Con el artículo cuarto, podrían llegar a ser recibidos por el propio sistema educativo que los formó de la peor manera: con la noticia de que ese esfuerzo fue innecesario, y con la desazón de que deberán trabajar varios años como suplentes mientras otros reciben el privilegio de una titularidad sin título.

Lo que se discute entonces es nada menos que la elección de quiénes deben educar a nuestros futuros ciudadanos, y en la peor de las épocas posibles. Mientras los pedagogos se alarman por la crisis de la autoridad docente, muchos de ustedes eligen eliminar cualquier pretensión de mérito, atacando las bases mismas de la civilización occidental, basada en el conocimiento como fuente de razón. Al tiempo que los países más igualitarios y avanzados invierten de forma descomunal en mejorar su sistema de educación, muchos de ustedes eligen asignar a profesores sin formación docente la tarea de educar a nuestro pueblo.

La dimensión del problema se agrava si nos recordamos que la ley se aplicaría a la educación estatal, atacando directamente las oportunidades y la calidad de vida de los menos favorecidos por la economía, esos que elegimos como nuestros alumnos. Los estándares educativos, que en el ámbito privado están atados a decisiones empresariales, en lo público no son opciones, sino deberes irrenunciables que los gobiernos deben garantizar. La consecuencia directa de la aprobación de una titularización masiva es que sólo los ricos puedan acceder a una educación de calidad, mientras los adolescentes más pobres tengan que conformarse con ser educados por personas no acreditadas. Estas medidas no tienen ningún tipo de elemento progresivo, como se ha planteado: son el regreso del neoliberalismo y del facilismo más salvaje a nuestras escuelas.

Los gremios docentes (sic) tampoco han estado a la altura de las circunstancias: han agitado los fantasmas de la inestabilidad laboral, cuando ningún puesto de trabajo se vería afectado negativamente, porque los docentes serían titularizados solamente en sus horas cátedras interinas. Han equiparado una acción destructiva con otras absolutamente necesarias, como el aumento de salarios y el mejoramiento de las condiciones educativas. Han convalidado una parte de la ley que viola expresamente el artículo catorce del Estatuto del Docente, contraviniendo de esa manera hasta los propios derechos laborales que los docentes tenemos. Han argumentado lo mismo que los sindicatos mineros que apoyan la extracción de metales a cielo abierto sabiendo que las consecuencias ecológicas serán catastróficas: que su función es defender a sus afiliados, y no velar por el bien social. Ustedes, señores legisladores, que conforman el cuerpo máximo de la representación ciudadana, no podrán exculparse con ese sofisma.

Les solicito, por todo lo expuesto, y por todos las argumentos que he omitido porque son harto conocidos por todos, en nombre de cientos de profesores y estudiantes de profesorado, que rechacen de plano el artículo cuarto de la ley discutida, en nombre de las actuales y futuras generaciones de alumnos y de docentes.

Si esto ocurre, la educación pública podrá volver al lugar de relevancia que nunca debió perder, y yo me contentaré en poder decirle a la profesora que me dio mi primera clase, cuando vuelva a encontrarla, que se olvidó de decirme que además de legítimas, las decisiones de nuestros representantes también pueden ser justas.